El 10 de diciembre de2017, Irak declaró su victoria sobre el grupo armado autodenominado Estado Islámico, que desde finales de junio de 2014 había estado intentado establecer un califato islámico en el país. En lo que cabe empezar a llamar el Irak posterior al Estado Islámico, miles y miles de personas civiles llevan las cicatrices de los crímenes que el grupo armado cometió contra ellas y contra sus seres queridos. Es probable que el legado de estos crímenes afecte no sólo a las personas supervivientes, sino también a las generaciones venideras.
Los crímenes del Estado Islámico causaron estragos en la población civil de Irak y, en ocasiones, afectaron con especial brutalidad a las minorías étnicas y religiosas, como la cristiana y la yazidí del norte de Irak. Cuatro años después, numerosas mujeres y niñas yazidíes sufren terribles traumas físicos y psicológicos como consecuencia de la atroz violencia sexual y el cautiverio a que el Estado Islámico las sometió, además de continuar viviendo con la angustia de no conocer la suerte ni el paradero de sus familiares desaparecidos a causa de las acciones del grupo armado.
El 3 de agosto de 2014, el Estado Islámico tomó Sinyar, ciudad de la gobernación de Nínive, en el noreste de Irak, y, además de matar a centenares de hombres, secuestró a miles de mujeres, niñas y niños de la minoría yazidí. Separaron a los niños de sus madres para adoctrinarlos y enseñarlos a combatir, mientras que a las mujeres y las niñas, muchas de tan sólo nueve años, las esclavizaron, las “vendieron” como esposas de los combatientes del grupo armado y las sometieron a torturas, incluidas violación y otras formas de violencia sexual.
Una mujer yazidí a quien “vendieron” en un “lote” que incluía a sus hijos de corta edad, ha explicado a Amnistía Internacional que su captor castigó a los niños y a ella: “Golpeó a mis hijos y los encerró en una habitación. Ellos estaban allí dentro llorando y yo lloraba también, sentada del otro lado de la puerta.” Otra mujer, Jamila, cuenta que fue violada reiteradamente por al menos10 combatientes distintos que se la fueron “vendiendo” unos a otros. Al final fue liberada, en diciembre de 2015, después de que su familia pagara una enorme suma a su captor.
Una mujer yazidí que huyó de la violencia entre los yihadistas del grupo Estado Islámico y los combatientes peshmerga en la ciudad de Sinyar, en el norte de Irak, espera en un campo para personas internamente desplazadas instalado en la zona de Sharia, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Dohuk, 17 de noviembre de 2016.
Muchas mujeres y niñas intentaron suicidarse durante su cautiverio o tras lograr escapar, o tienen hermanas o hijas que se quitaron la vida debido a los terribles abusos que soportaban. Conseguir la ayuda psicológica y médica necesaria ha sido especialmente difícil, debido a dificultades económicas y de acceso. Al haber tenido que pagar sus familiares decenas de miles de dólares para que las liberaran, muchas mujeres yazidíes están endeudadas y no tienen medios para conseguir la asistencia que necesitan. Para agravar aún más esta situación, la burocracia iraquí limita el acceso a los servicios, al exigir documentos civiles de identidad específicos que muchas mujeres perdieron durante el ataque del Estado Islámico. Además, el estigma asociado a las vivencias de las supervivientes durante su cautividad y el miedo a las actitudes sociales negativas y al impacto en sus perspectivas de matrimonio agravan aún más los obstáculos que encuentran las supervivientes que dependen totalmente de sus familiares para conseguir ayuda.
Como remate de los horrores soportados bajo el cautiverio del Estado Islámico, muchas mujeres y niñas yazidíes que escaparon o fueron liberadas no han podido regresar a sus casas y viven con familiares sumidos en la pobreza o en campos para personas internamente desplazadas. Una ONG local que trabaja con minorías en Irak ha informado a Amnistía Internacional de las terribles condiciones en que continúa viviendo la población yazidí desde su desplazamiento de Sinyar hace cuatro años. Ha explicado que, aunque la ciudad fue recuperada hace dos años, la comunidad yazidí no ha podido regresar debido a la falta de servicios.
Pocas de las reacciones de solidaridad de la comunidad internacional se han traducido en acción. Las ONG locales e internacionales que trabajan con yazidíes siguen sin recibir fondos suficientes, y no se ha puesto a disposición de las mujeres y las niñas yazidíes un sistema unificado de servicios. La comunidad internacional, en especial los países donantes, deben tomar aún más medidas para garantizar que se atienden debidamente las necesidades de las supervivientes yazidíes por medio de programas especializados de apoyo y tratamiento, establecidos en consulta con ellas, con los activistas y las activistas comunitarios y con los proveedores de asistencia.
En septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2379, por la que se estableció un equipo de investigación para prestar apoyo al gobierno iraquí en la recopilación, protección y análisis de pruebas de crímenes graves supuestamente cometidos por el Estado Islámico. Sin embargo, según una ONG local que hace seguimiento de este asunto, los gobiernos iraquí y kurdos no han permitido todavía al equipo auspiciado por la ONU entrar al país para comenzar su trabajo. Además, el sistema judicial de Irak adolece todavía de graves deficiencias, como recurrir a menudo a la imposición de la pena de muerte tras juicios injustos, y es un obstáculo que impide hacer justicia tangible a las víctimas del Estado Islámico.
La misma ONG denuncia de que desde 2014 se han descubierto en Sinyar alrededor de 68 fosas comunes y no están protegidas por las autoridades iraquíes. La protección de estos lugares está contemplada en la Ley de Protección de Fosas Comunes de Irak y es una medida necesaria para localizar a identificar a las personas en paradero desconocido. No prestarla supone además privar a las familias, en especial a las mujeres yazidíes, que han pagado reiteradamente un alto precio, de un mínimo de justicia y verdad con respecto a la suerte de sus seres queridos.
Después de cuatro años, es hora de que la comunidad internacional tome medidas efectivas para ayudar a estas mujeres a emprender el largo camino de rehacer sus vidas.[1]
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